¡Atención, conductores y peatones! Una decisión reciente del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto patas arriba la gestión del tránsito urbano, y la confusión ya se siente en las calles. El máximo organismo constitucional del país ha determinado que las municipalidades ya no tienen la facultad legal para imponer sanciones por mal estacionamiento, ¡olvídense de las multas y el uso de grúas para remolcar vehículos!
El fallo, comunicado por la Defensoría del Pueblo, tumba de un plumazo ordenanzas que estaban vigentes en varios distritos de Lima y del país. La movida, según el TC, busca reforzar el principio de legalidad, ese que dice que solo el Estado, a través de leyes nacionales, puede poner sanciones de tránsito.
En el Cercado de Arequipa, ya veníamos con el famoso “plaqueo” que restringía el paso por el centro según el último dígito de la placa. Pero, a pesar de la sentencia, la realidad es otra. En distritos como Jesús María, todavía se ven carteles municipales que advierten sobre la remoción de vehículos en zonas prohibidas, como en los alrededores del Hospital Rebagliati. Y para colmo, en otros distritos como Pueblo Libre y La Victoria, ¡las grúas siguen operando como si nada!
¿Quién pone orden ahora? La confusión se apodera de las calles
La Defensoría del Pueblo ya se ha puesto las pilas y le ha pedido a todas las municipalidades que acaten el fallo del TC. Si no lo hacen, la advertencia es clara y podrían incurrir en desacato, lo que puede traer sanciones administrativas y hasta la destitución de funcionarios municipales. ¡Nada de bromas!
El problema es que, en zonas como las salidas de colegios y calles estrechas de Arequipa, o como en el centro de Lima, ya se ven carros estacionados donde no deben, con esa bendita línea amarilla que prohíbe el paso y genera un tráfico de mil demonios. La decisión del TC ha quitado herramientas de control inmediato, y la pregunta que flota en el aire es: ¿cómo diablos se va a mantener el orden vial ahora?
El debate se reabre: ¿quién tiene la batuta del tránsito?
Sin soluciones claras a la vista, la sentencia del TC reabre un debate que es más viejo que la escarapela: la necesidad de redefinir las competencias entre los gobiernos locales y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si no hay grúas ni multas municipales, muchas autoridades se rascan la cabeza preguntándose cómo van a aplicar normas de convivencia básica en nuestras ciudades densamente pobladas.
La ciudadanía exige claridad, ¡y con justa razón! Mientras tanto, el fallo del TC le impone una pausa obligada a los municipios, que ahora tienen la tarea de replantear sus estrategias para mantener el orden sin pasarse de la raya con la legalidad constitucional.
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