Corte Superior de Justicia de Lima ordena suspensión de demoliciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima en San Juan de Miraflores

El Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó una medida cautelar contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ordenando la suspensión provisional de las demoliciones de viviendas en el Asentamiento Humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, en San Juan de Miraflores.

Esta medida surge en respuesta a denuncias de irregularidades relacionadas con las obras de ampliación de la Vía Expresa Paseo de la República, que busca conectar la Av. República de Panamá con la Panamericana Sur.

Protección para los pobladores afectados

La resolución prohíbe que la MML utilice como medida correctiva la demolición de viviendas ocupadas, conforme a lo estipulado en el artículo 16 de la Ordenanza N.º 2200, modificada por la N.º 2666. Esto busca garantizar los derechos de las familias que han ocupado legalmente sus terrenos desde 1987.

Reclamos de los residentes

Los habitantes del asentamiento humano argumentan que:

  • Sus terrenos fueron adquiridos legítimamente mediante contratos de transferencia de posesión aprobados por la MML y COFOPRI.
  • Las viviendas se encuentran en una zona residencial de densidad media (RDM), incompatible con la clasificación de vía pública.
  • Las acciones sancionadoras de la MML carecen de sustento legal, dado que las presuntas infracciones exceden el plazo de caducidad de 30 años.

Además, señalan que el contrato firmado en la gestión de Susana Villarán para el proyecto de la Vía Expresa Sur, concesionado a Graña y Montero, modificó el uso de suelo sin considerar los derechos de los residentes.

Un logro para los vecinos

Tras dos meses de vigilia y protestas, este fallo representa una victoria para los pobladores, quienes han luchado por la defensa de sus viviendas y el reconocimiento de sus derechos frente a lo que consideran una imposición arbitraria.

La medida cautelar resalta la importancia de evaluar los impactos sociales y legales antes de ejecutar proyectos urbanos que afecten a comunidades establecidas.

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