En una polémica decisión, el Congreso de Perú aprobó en primera votación un proyecto de ley que busca establecer la prescripción para los delitos de lesa humanidad. La medida, que ha generado gran rechazo entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
La iniciativa, que es impulsada por los partidos fujimoristas Fuerza Popular y Renovación Popular, ha sido duramente criticada por considerar que busca “blindar” a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente al ex dictador Alberto Fujimori.
Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, goza actualmente de libertad condicional y beneficios como el pago de combustible para su movilidad.
La propuesta de ley, que aún debe ser aprobada en una segunda votación, ha generado gran controversia en el país. Luego de un debate que fue interrumpido en la mañana, tras un momento de tensión cuando la legisladora Sigrid Bazán sostuvo que el dictamen busca “favorecer principalmente” al exmandatario, Alberto Fujimori.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como un “retroceso” en la lucha contra la impunidad y han expresado su preocupación por el mensaje que se envía a las futuras generaciones.
Las víctimas de la violencia durante el gobierno de Fujimori también han expresado su rechazo a la iniciativa, señalando que esta busca “borrar la historia” y negarles el derecho a la justicia.
Quienes defienden la prescripción argumentan que esta medida permite garantizar la seguridad jurídica y evitar procesos judiciales eternos. Sin embargo, los detractores de la prescripción señalan que esta permite que los responsables de crímenes atroces queden impunes y que se envía un mensaje de que estos delitos no son graves.
Cabe destacar que la comunidad internacional ha condenado en reiteradas ocasiones la prescripción de delitos de lesa humanidad, considerándolos crímenes imprescriptibles. En este contexto, la decisión del Congreso de Perú podría generar tensiones con la comunidad internacional y afectar la imagen del país.
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